EE. UU. sanciona a líderes del Cártel de Sinaloa y funcionarios mexicanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), hizo público este martes un paquete de sanciones contra la cúpula operativa del Cártel de Sinaloa. La medida afecta a más de veinte presuntos miembros de la organización criminal y alcanza a funcionarios públicos en activo de diversos estados, señalados por su presunta colaboración en el trasiego de sustancias ilícitas y el lavado de activos hacia territorio estadounidense.

La acción de la OFAC implica el congelamiento inmediato de cualquier cuenta bancaria o activo financiero que los señalados posean bajo jurisdicción estadounidense. Asimismo, se prohíbe a cualquier ciudadano o empresa de los Estados Unidos realizar transacciones comerciales con los individuos y entidades listadas, buscando con ello asfixiar las redes de financiamiento que sostienen las operaciones de este grupo delictivo en el noroeste del país.

Fuentes del gobierno federal indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene canales de comunicación abiertos con las autoridades estadounidenses para evaluar la información contenida en estos expedientes. Se espera que en los próximos días las dependencias de seguridad realicen una revisión interna para determinar si los funcionarios señalados enfrentan investigaciones paralelas por parte de las autoridades mexicanas.

El alcance de estas sanciones es significativo debido a la inclusión de servidores públicos que desempeñan tareas de seguridad y administración en el ámbito estatal. Según el reporte oficial, estas personas habrían facilitado rutas terrestres y protección institucional para las actividades delictivas, lo que representa un desafío adicional para la estrategia de seguridad pública que coordina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en diversas regiones del país.

Esta decisión se suma a la presión internacional sobre las estructuras criminales en México. Hasta el momento, las secretarías de Estado involucradas han señalado que colaborarán conforme a los tratados de extradición y asistencia jurídica vigentes, mientras que las autoridades locales bajo escrutinio deberán enfrentar los procesos administrativos correspondientes para aclarar su situación legal ante las acusaciones de vínculos con la delincuencia organizada.