FGR identifica cinco cuerpos de mineros desaparecidos en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que ha logrado la identificación oficial de cinco de los diez mineros que fueron reportados como secuestrados en Sinaloa. Los restos humanos fueron localizados recientemente en un predio ubicado en la localidad de El Verde, perteneciente al municipio de La Concordia, tras diversas labores de búsqueda y peritaje realizadas en la zona por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la dependencia federal, los trabajos de campo continúan en el área con el objetivo de localizar y procesar los restos de las cinco personas restantes. Peritos especializados en genética forense trabajan a marchas forzadas para cotejar las muestras biológicas obtenidas en el sitio con los perfiles genéticos de los familiares de las víctimas, quienes han mantenido comunicación constante con las autoridades ministeriales.

El hallazgo en El Verde se deriva de las investigaciones iniciadas ante la denuncia por la desaparición masiva de trabajadores mineros, un caso que ha mantenido bajo tensión a la región en los últimos meses. La FGR, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y la SEDENA, mantiene un perímetro de seguridad en el lugar del descubrimiento para preservar la integridad de las evidencias recolectadas durante las diligencias ministeriales.

Las autoridades señalaron que el proceso de identificación es complejo debido a las condiciones en las que fueron localizados los restos, pero reiteraron su compromiso por esclarecer los hechos y notificar a los familiares de manera directa. Aunque la investigación sigue abierta, hasta el momento no se han revelado detenciones específicas relacionadas con este evento, centrándose la prioridad institucional en la identificación plena de todas las víctimas.

Familiares de los mineros permanecen a la espera de más actualizaciones por parte de la Fiscalía. Mientras tanto, se ha planteado la posibilidad de establecer una mesa de atención permanente para brindar acompañamiento legal y psicológico a los afectados, conforme a los protocolos vigentes de atención a víctimas del delito en el país.