Las reglas energéticas de 2013 facilitaron el auge del huachicol fiscal

La apertura del sector energético iniciada en 2013 permitió la proliferación de esquemas de evasión fiscal conocidos como huachicol fiscal, un fenómeno que utiliza la simulación en la importación de combustibles para evitar el pago de impuestos. Durante la emergencia sanitaria por covid-19, las autoridades federales identificaron diversas redes operativas que introducían hidrocarburos al país declarándolos como aditivos o lubricantes, productos que gozan de menores cargas fiscales. Esta práctica ha generado una afectación directa a la recaudación de la SHCP y ha distorsionado la competencia en el mercado nacional de combustibles.

El esquema de operación detectado consiste en la alteración de la composición química de los combustibles para que, ante las aduanas, cumplan con las especificaciones técnicas de productos distintos a las gasolinas o diésel. Al ingresar bajo una clasificación arancelaria errónea, las empresas involucradas evaden el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este mecanismo no solo representa una pérdida millonaria para el erario público, sino que también pone en riesgo la calidad de los combustibles vendidos en estaciones de servicio que operan bajo esta modalidad irregular.

Especialistas en temas energéticos señalan que la fragmentación regulatoria derivada de la reforma de hace una década permitió que actores privados importaran volúmenes masivos sin un control estricto por parte de las autoridades aduanales y de la SENER. Aunque se han intensificado los operativos de vigilancia en puertos y fronteras, el rastreo de estos cargamentos sigue siendo un reto complejo debido a la sofisticación de los documentos presentados ante las autoridades mexicanas. La estrategia actual del gobierno se enfoca en fortalecer la trazabilidad de los hidrocarburos desde su ingreso al territorio nacional hasta su venta al consumidor final.

La FGR y la SHCP mantienen investigaciones abiertas contra diversas empresas y agentes aduanales vinculados con estas prácticas ilícitas, buscando desarticular las cadenas de suministro que permiten la comercialización de combustible ilegal. Por su parte, PEMEX ha señalado que el fortalecimiento de la infraestructura y el control de los puntos de importación son fundamentales para revertir los efectos de esta evasión. La coordinación entre las distintas dependencias federales busca cerrar las brechas legales que permitieron que, durante años, la importación de insumos fuera utilizada como fachada para el contrabando de combustibles.