Marilyn Cote alcanza acuerdos reparatorios con nueve de sus denunciantes en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó este miércoles que Marilyn Cote ha logrado formalizar acuerdos reparatorios con nueve de las once personas que interpusieron denuncias en su contra por diversas irregularidades. Este proceso de resolución se da en el marco de las investigaciones iniciadas por las autoridades estatales tras las múltiples quejas ciudadanas presentadas en meses pasados, las cuales señalaban una posible usurpación de profesión y otros agravios cometidos bajo el ejercicio de servicios de salud sin la acreditación correspondiente.

De acuerdo con la dependencia estatal, estos acuerdos reparatorios permiten la extinción de la acción penal en los casos específicos donde las partes involucradas llegaron a una conciliación. La institución precisó que, tras el análisis de las pruebas y las voluntades de los denunciantes, se determinó proceder con esta vía legal conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que representa un avance significativo en la resolución de los expedientes abiertos ante el Ministerio Público.

Sin embargo, la Fiscalía de Puebla hizo un llamado enfático a los dos denunciantes restantes que aún no han suscrito ningún acuerdo para que mantengan su disposición de colaborar con las autoridades. Las autoridades señalaron que, aunque los mecanismos alternativos de solución de controversias son una herramienta válida para reparar el daño, el resto de las carpetas de investigación seguirán su curso legal hasta que se determine la situación jurídica definitiva de la implicada.

Este caso ha generado un precedente importante en la entidad sobre la supervisión de servicios profesionales y la protección a los usuarios del sistema de salud. La Secretaría de Salud, por su parte, ha mantenido una postura de vigilancia constante en la entidad para evitar que se repitan situaciones donde se ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos mediante prácticas ejercidas sin la documentación académica y legal requerida por la normativa vigente en México.