Oceana pide estrategia científica para atender sargazo en Tulum
Edith Martínez, integrante de Oceana, exhortó a las autoridades mexicanas a implementar un plan integral basado en evidencia científica para combatir la llegada de sargazo en las costas de Quintana Roo.

Edith Martínez, representante de la organización Oceana, hizo un llamado este domingo a las autoridades federales y municipales para que las acciones destinadas al control del sargazo en Tulum se fundamenten estrictamente en evidencia científica y un manejo regulado del ecosistema costero. Durante una reciente intervención, la especialista enfatizó que la atención a este fenómeno ambiental no debe limitarse a esfuerzos de limpieza superficial, sino que requiere un enfoque técnico coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La propuesta planteada por la organización subraya la necesidad de transitar hacia un esquema donde las brigadas de recolección y las barreras de contención operen bajo protocolos ambientales estrictos. Según la postura de Oceana, el manejo inadecuado de las algas en las zonas de anidación de tortugas y en los arrecifes cercanos a Tulum podría generar daños irreversibles en la biodiversidad marina, por lo que instan a que cualquier intervención sea evaluada previamente por expertos en oceanografía.
Asimismo, Martínez señaló que la actual estrategia debe ser transparente y contar con la participación activa de la comunidad local y del sector turístico. La organización propone que las políticas públicas incluyan un sistema de monitoreo constante que permita predecir los volúmenes de arribo, optimizando así los recursos públicos destinados por la Secretaría de Marina para las labores de contención en altamar y en las playas del Caribe mexicano.
Finalmente, Oceana destacó que el combate al sargazo no es solo una cuestión de imagen turística, sino un tema crítico de salud pública y preservación ambiental. El equipo de la organización reiteró su disposición para colaborar con el gobierno municipal y federal en el diseño de un marco regulatorio que equilibre la protección de los ecosistemas con la actividad económica, garantizando que las soluciones implementadas sean sostenibles a largo plazo para toda la región.


