Pago de nómina absorbe la mitad del presupuesto solicitado por el INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha definido su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2027, el cual contempla una solicitud de 14 mil 36 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Según los documentos internos del organismo, más de la mitad de estos recursos económicos se destinarán exclusivamente al pago de la nómina del personal que integra la estructura institucional en todo el país.

Este requerimiento financiero refleja la necesidad del INE de sostener su plantilla laboral, que incluye tanto al personal administrativo de oficinas centrales como a las juntas locales y distritales encargadas de la organización de los procesos democráticos. La institución mantiene una estructura permanente que demanda una parte significativa de sus ingresos anuales, independientemente de la carga operativa que represente el calendario electoral vigente.

De acuerdo con el desglose presupuestal, los recursos solicitados a la dependencia federal buscan garantizar la operatividad de los servicios que el instituto presta de manera cotidiana. Además de los sueldos y salarios, la cifra propuesta busca cubrir las prestaciones de ley y los costos derivados de la seguridad social de los trabajadores del servicio profesional electoral y la rama administrativa.

La propuesta será turnada a la Cámara de Diputados en las próximas semanas, donde los legisladores tendrán la facultad de analizar, discutir y, en su caso, aprobar el monto final que se asignará al organismo electoral en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año. Este proceso de negociación es fundamental para determinar si el instituto podrá mantener sus niveles operativos actuales o si deberá implementar medidas de austeridad adicionales.

Cabe señalar que el INE argumenta que la mayor parte de su presupuesto no es discrecional, sino que responde a obligaciones contractuales y laborales preestablecidas. El instituto sostiene que el gasto en servicios personales es un pilar indispensable para asegurar la continuidad de sus funciones constitucionales, incluyendo la actualización del padrón electoral y la emisión de credenciales para votar en territorio nacional.