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México

Proponen multas de hasta 290 mil pesos por no contratar jóvenes

Una nueva iniciativa legislativa busca obligar a empresas con más de 40 empleados a integrar un 5% de personal joven bajo sanciones económicas.

Redacción Corriente MX
Foto: eleconomista.com.mx

Una reciente iniciativa de reforma presentada ante el Congreso de la Unión plantea establecer una cuota obligatoria de contratación para jóvenes en el sector privado, con el objetivo de reducir la brecha de desempleo en este sector demográfico. La propuesta estipula que todos los centros de trabajo que cuenten con una plantilla de 40 personas o más deberán integrar al menos un 5% de trabajadores jóvenes en sus filas laborales.

En caso de incumplimiento de esta disposición, la reforma contempla la aplicación de sanciones económicas severas, con multas que podrían ascender a más de 290,000 pesos. Esta medida busca incentivar formalmente la creación de primeras experiencias laborales y combatir la precariedad que enfrentan los egresados al intentar ingresar al mercado de trabajo nacional.

Los legisladores que impulsan esta propuesta argumentan que la falta de oportunidades para la juventud representa uno de los retos más significativos para la economía mexicana. De aprobarse, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sería la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de estas cuotas mediante inspecciones periódicas en los centros de trabajo de todo el país.

Por su parte, diversas cámaras empresariales han señalado que cualquier política de contratación debe considerar la capacidad operativa de las empresas y la disponibilidad de perfiles calificados en las distintas regiones. Los proponentes de la ley sostienen que la rigidez en la normativa es necesaria para garantizar que el sector privado asuma un rol activo en la inserción laboral de las nuevas generaciones.

El debate sobre esta reforma continuará en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados durante los próximos meses. El impacto potencial de esta medida será analizado bajo criterios de viabilidad económica y derechos laborales para asegurar que la implementación, de ser aprobada, no afecte la operatividad de las pequeñas y medianas empresas.

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