Tribunal ordena a la SEDENA transparentar contratos sobre el software Pegasus

Un Tribunal Colegiado ratificó este martes una sentencia que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a transparentar los contratos relacionados con el software de vigilancia Pegasus. La resolución pone fin a un proceso judicial iniciado en 2022, derivado de la negativa inicial de la dependencia para hacer públicos los documentos sobre contrataciones de servicios tecnológicos de inteligencia. El fallo judicial exige que la información sea entregada sin restricciones, al considerar que el interés público sobre el uso de herramientas de espionaje prevalece sobre los argumentos de seguridad nacional invocados por la institución.

El litigio se originó cuando diversas organizaciones civiles solicitaron detalles sobre dos contrataciones específicas que, según investigaciones previas, habrían superado los 140 millones de pesos. En aquel momento, la SEDENA clasificó los expedientes bajo el argumento de confidencialidad y protección de información sensible. Tras diversas negativas administrativas, el caso escaló hacia instancias federales, donde los magistrados determinaron que no existían elementos suficientes para mantener la reserva de los datos, ordenando su apertura inmediata.

Esta decisión judicial es un precedente relevante para el acceso a la información en México, especialmente en lo relativo a la adquisición de herramientas de vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas. La resolución subraya que el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se ejercen los recursos públicos en materia de seguridad debe ser garantizado de manera proactiva. Con este mandato, la secretaría deberá notificar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el cumplimiento de la entrega de los expedientes solicitados.

La SEDENA, hasta el momento, no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el calendario para la entrega de la documentación requerida por el Tribunal. Se espera que, en los próximos días, la institución inicie el proceso de desclasificación de los archivos, respetando únicamente la protección de datos personales sensibles que pudieran estar contenidos en dichos contratos. Este avance judicial refleja la persistencia de los mecanismos de transparencia en el país frente a la opacidad en áreas estratégicas del Gobierno Federal.