Investigan a Nike por presunta discriminación contra personas blancas en Estados Unidos

La firma de ropa deportiva Nike es objeto de una investigación federal ante señalamientos por presunta discriminación contra personas blancas en sus procesos de contratación y promoción interna. Esta medida, dada a conocer esta semana, responde a una directriz impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha centrado parte de su agenda en erradicar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) tanto en el gobierno como en las grandes corporaciones del sector privado.

La administración federal sostiene que diversos programas corporativos de inclusión podrían vulnerar los derechos de igualdad de trato, al considerar que ciertos criterios de selección favorecen a grupos específicos por encima de otros. Esta postura ha generado una reacción inmediata en los mercados, obligando a las empresas a revisar sus protocolos internos ante la posible imposición de sanciones administrativas o legales por parte de las autoridades estadounidenses.

En el ámbito de la política corporativa, la investigación contra Nike es vista como un esfuerzo significativo para desmantelar las estructuras de equidad implementadas en años anteriores. Según fuentes cercanas al caso, el equipo de campaña presidencial ha reiterado que el objetivo es asegurar que las decisiones de empleo se basen exclusivamente en méritos individuales, eliminando cualquier componente de acción afirmativa que considere factores raciales o de género.

La empresa, por su parte, se encuentra evaluando su estrategia legal y comunicativa mientras las autoridades competentes recopilan datos sobre sus prácticas de gestión de talento. Aunque Nike no ha emitido una postura oficial detallada, voceros del sector empresarial estadounidense han expresado su preocupación por el precedente que esta investigación podría sentar para otras compañías multinacionales que operan con programas similares de diversidad.

Este caso subraya la polarización existente en Estados Unidos respecto a la implementación de políticas de equidad en el entorno laboral. Mientras la administración Trump sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar la justicia, diversos sectores de la sociedad civil y grupos de derechos humanos han advertido que el desmantelamiento de dichas políticas podría revertir avances significativos en la inclusión laboral alcanzados durante la última década.