La SCJN establece juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los jueces federales y locales tienen la obligación estricta de juzgar los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos bajo un enfoque de género e interseccionalidad. Esta decisión judicial establece que la aplicación de esta perspectiva no es una opción discrecional para los juzgadores, sino un mandato constitucional necesario para garantizar el acceso a la justicia en contextos de vulnerabilidad extrema.

La resolución destaca que las autoridades judiciales deben analizar las circunstancias específicas que enfrentan las mujeres al realizar labores de defensa, reconociendo que su activismo puede derivar en riesgos diferenciados debido a su género. Según el criterio emitido por el máximo tribunal, ignorar estos factores invisibiliza la violencia sistémica y obstaculiza la búsqueda de la verdad y la reparación del daño para las víctimas y sus familias.

Con este fallo, la SCJN subraya que las fiscalías y los jueces deben incorporar análisis que consideren las barreras estructurales que enfrentan las mujeres defensoras en el territorio nacional. La interseccionalidad permite examinar cómo factores como la identidad étnica, el contexto socioeconómico y el entorno geográfico interactúan con el género para exacerbar las amenazas contra quienes defienden causas sociales o ambientales.

Especialistas en derecho constitucional señalan que este precedente obliga a las instituciones, incluyendo a la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, a reevaluar sus protocolos de investigación. La exigencia de una perspectiva de género busca que los procesos judiciales trasciendan la visión neutral y se ajusten a la realidad de las violencias que afectan de manera desproporcionada a las mujeres que alzan la voz en sus comunidades.

Finalmente, la Corte determinó que esta obligación judicial es fundamental para romper con la impunidad que rodea las desapariciones de activistas. El cumplimiento de esta sentencia será supervisado por los órganos jurisdiccionales correspondientes, buscando asegurar que la protección de los derechos humanos sea una prioridad transversal en todo el sistema de justicia mexicano.